Construir con honestidad, el gran reto país

Nuestra gobernabilidad como país atraviesa siempre caminos duros y peligrosos, como lo son aún muchas de nuestras carreteras. Los últimos años, esta situación se agravó producto de la gobernanza de una decadente clase política y un mal diseño en la normatividad electoral. Una crónica de acontecimientos burdos y a la vez trágicos acaecidos en semanas anteriores nos hace pensar que en diciembre del 2022 tocamos fondo. Difícil caer más bajo. Sin embargo, nuestra historia reciente no garantiza que esta posibilidad esté cerrada.

Si no hacemos algo por mejorar la calidad de los que dirigen los destinos del país prolongaremos la crisis de forma endémica. Resulta claro que un presidente que intenta un golpe de Estado nunca tuvo educación cívica para entender la democracia. Partidos que no comprenden que el apoyo minoritario recibido los obliga a consensuar políticas y no a imponer su agenda, no deberían ser parte de una democracia en la que no creen.

Un gobierno que pensó que haber ganado una elección le daba carta blanca para saquear el Estado no debería asomar más en el futuro. Un congreso conformado por sujetos que suponen que una curul es un activo al que hay que sacarle rendimientos debería quedar en el pasado triste y no en el horizonte de nuestra historia. De ahí la urgencia de una reforma política electoral. De ahí la necesidad de que el adelanto de elecciones tenga un plazo razonable y no se haga de forma atropellada, sin opción a reforma alguna.

Las protestas acompañadas de actos violentos y vandálicos, cuyo objetivo es el sabotaje de nuestra red de transporte, son lamentables, sobre todo por los varios hogares que enlutan en plena fiesta pascual. Sin embargo, estos desmanes condenables no deben desviar la atención de la situación de atraso que existe en las regiones en las que estos grupos extremistas actúan, precisamente aprovechando tal situación.

El abandono en que se encuentran muchas zonas del país —se ha dicho ya— no es consecuencia de falta de recursos, sino el resultado de malos gobiernos a todo nivel. Hemos visto falta de planificación, ineficiencia y corrupción durante los últimos lustros en el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Y como resultado tenemos obras mal ejecutadas, obras innecesarias, muchas dejadas a medias y otras abandonadas para siempre. Esta situación en un país con tantas carencias es inaudita.

Con el enorme déficit en infraestructura que tenemos, nos damos el lujo de dejar obras a medias por un valor mayor a los S/ 30,000 millones, es decir, cercano al valor de todo nuestro presupuesto anual de inversiones. La Contraloría estima que el 2021 el Perú perdió S/ 24,000 millones de soles en corrupción. Si este dinero se hubiera destinado a subsidios para vivienda, solo en un año se habría dado una propiedad a cuatro millones de los seis millones de peruanos que hoy viven en condiciones infrahumanas.

Las voces de aquellos ciudadanos a cuyas localidades nunca llegaron los centros de salud, ni las escuelas que equiparen las oportunidades de sus hijos, ni las carreteras que permitan llevar y traer los productos con costos eficientes, ni las irrigaciones que contribuyan a ganar productividad; y de aquellos que hoy viven en viviendas precarias, vulnerables, alejadas y sin servicios básicos deben ser por fin escuchadas. Es hora de cambiar esta historia. Es hora de que los gobernantes cumplan con sus pueblos. Lleven la infraestructura necesaria, actuando con eficiencia, oportunidad y, sobre todo, con honestidad. He ahí el gran reto del país.