Obras por impuestos: Gobierno encarga al sector privado mejorar penales y comisarías por más de S/2.600 millones mediante OxI

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“Es ahora cuando nuestro querido Perú requiere que tomemos decisiones destinadas a garantizar la seguridad de la población y esa no es tarea única del Ejecutivo sino del conjunto de los actores de nuestra sociedad”. De esta manera, la presidenta Dina Boluarte reconoció hoy el fracaso del Estado peruano en la lucha contra la inseguridad ciudadana e hizo un llamado al sector privado para que contribuya con la adquisición de tecnología y el financiamiento de infraestructura penitenciaria a través de Obras por impuestos (OxI), un mecanismo por el que las empresas dejan de pagar tributos a cambio de inversión pública que le debería competer al Gobierno.

Durante su presentación en la I Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025, la mandataria presentó la denominada “Alianza por la seguridad ciudadana”, a través de una cartera de 62 proyectos por más de S/2.695 millones que había anticipado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la semana anterior, aunque en esa ocasión se hablaban de 47 por S/1.600 millones. Según la jefa de Estado, los proyectos abarcan todo el territorio nacional.

“Sabemos de su compromiso con el país y los llamamos a hacer un solo puño contra la delincuencia invirtiendo en cualquiera de los 47 proyectos -el discurso no tomó en cuenta la actualización que se dio en la víspera, según fuentes del sector para Infobae Perú-, y si fueran los 47 mucho mejor”, manifestó ante gremios como la SNI, Confiep, AGAP, Capeco y Perucámaras, además de organizaciones del sistema financiero, como la FEPCMAC. Como se recuerda, recientemente las cajas municipales también fueron promovidas desde el MEF y SBS para que puedan participar en OxI.

Challapalca, Ancón I y Lurigancho en manos del sector privado

En un discurso en el que culpó al gobierno transitorio de Francisco Sagasti por el ingreso del Tren de Aragua al Perú, la presidenta Boluarte dijo que estas obras podrían incluir la construcción nuevo penal de Cusco o mejoramiento de Challapalca, modernización de infraestructura en Lurigancho, implementación del bloque de Ancón I y el mejoramiento de sistemas de seguridad en penales estratégicos.

Asimismo, los empresarios privados podrían participar, mediante OxI, en la construcción de comisarías en zonas críticas, adquisición de equipos tecnológicos para la investigación criminal y la implementación de videovigilancia. También se espera la promoción de proyectos de seguridad ciudadana en regiones, referidos a la adquisición de patrulleros, motocicletas, bases operativas de serenazgo y la capacitación y equipamiento del personal de seguridad ciudadana.

“Estamos dando la batalla. Sí, diariamente capturamos y ponemos a disposición de las autoridades a estos criminales, pero diariamente también los liberan .(...) Con todo lo que vamos a invertir ojala y podamos rebasar el 5% [respecto a la previsión de crecimiento de 4% del PBI en 2025]”, agregó Boluarte, antes de invocar al Congreso de la República a evaluar la salida del Pacto de San José para reinstaurar la pena de muerte en el Perú.

Vale mencionar que, recientemente, el MEF también elevó el tope máximo para la emisión de certificados de inversión pública regional y local (CIPRL) mediante OxI. Para los gobiernos regionales, los topes llegarán a S/19.683 millones, monto mayor en 16% al tope establecido en el 2024; mientras que para los gobiernos locales será S/24.764 millones, lo que representa un incremento de 57%. Todo este dinero, también es menester precisar, será dinero que deje de entrar a la Sunat.

Santiváñez: “Identificar una sola bala en el Perú demora 4 días”

El todavía ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue un poco más específico que la presidenta Boluarte y detalló los cuatro proyectos impulsado desde su cartera, entre los cuales figuran fuertes inversiones tanto en el sur como el norte del país.

“Son cuatro proyectos de inversión que consideramos de suma importancia y gran aporte en la lucha contra delincuencia común y el crimen organizado”, refirió.

El primer proyecto, según Santiváñez, consiste en la implementación del laboratorio digital forense para el sistema de criminalística de la PNP en las ciudades de Lima, Callao, Iquitos, Trujillo, Tacna, Huancayo, Cusco, Chiclayo y Arequipa, “lo que va a permitir fortalecer la capacidad de análisis y dar una respuesta mucho más célere a la comisión de delitos, beneficiando a más de 28 millones de ciudadanos” Costo del proyecto a diseñarse mediante OxI: S/43 millones.

“Para que lo sepan, la capacidad de análisis de los laboratorios de logística de la PNP para reconocer una bala demoraba 4 días; con esta inversión, lo podremos hacer en 3 horas”, reconoció el ministro del Interior.

Empresas privadas tendrán que equipar a las comisarías

Un segundo proyecto promovido por Mininter contempla la construcción de la nueva oficina de criminalística de la ciudad de Lambayeque, “la cual contará con un laboratorio de última generación y otros ambientes que permitirán optimizar las labores de investigación criminal”, según Santiváñez. Además, se adquirirán equipos modernos del laboratorio, comunicación, cómputo, dos vehículos y todo el mobiliario necesario para la función policial por S/61 millones.

Un tercer proyecto: la construcción de la nueva infraestructura de la comisaría de Cayma, en Arequipa. Esta nueva sede policial, cuyo terreno supera los 800 metros cuadrados, será de tipo B, explicó el funcionario. Tendrá tres niveles, con azotea incluida. Además, el proyecto contempla la compra de equipamiento informático, inmobiliario, radios portátiles, radios móviles, antenas Tetra, entre otros, con una inversión por casi S/10 millones.

Finalemnte, se tiene en cartera un cuarto proyecto referido a la adquisición de equipos de comunicación y software GPS y el sistema de telecomunicaciones, como son radio móvil, radio base, repetidor VHF, el sistema HF tipo base y radios portátiles para las unidades policiales en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, con un monto estimado de S/162 millones. Es el más grande de todos los propuestos por el despacho de Santiváñez.