MVCS trabaja norma que emplea tecnología BIM para optimizar ejecución de proyectos

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) trabaja en una nueva norma conocida como Modelo BIM (siglas de Building Information Modeling). Se trata de una metodología de trabajo colaborativo aplicado a nivel mundial que documenta todo el ciclo de vida de una obra de construcción mediante el uso de herramientas informáticas.

De acuerdo con el sector, este modelo provee a la construcción eficiencia en el desarrollo del proyecto, transparencia en el manejo de los recursos, y ahorro de tiempos y costos. Además, mejora la supervisión y eficiencia en el diseño, favorece la transparencia en el sector construcción y garantiza que las contrataciones del Estado usen tecnologías nuevas.

Destaca que es la representación digital y compartida en 3D, elaborada en cualquier software BIM, que incluye características gráficas y no gráficas del total o parte del proyecto de construcción. “Toda la información se ingresa a una base de datos de uso compartido”.

Estandarización

La norma está orientada al sector público, en caso una entidad considere incluir la metodología BIM en su proceso de contratación. 

En el Perú, el modelo BIM fue incorporado en el 2010, por lo que era necesario estandarizar los lineamientos técnicos mínimos para optimizar la gestión de los proyectos y propiciar el trabajo colaborativo.  

A través de un Comité Técnico de Normalización, el MVCS busca establecer los lineamientos técnicos que deben considerarse como mínimo para obtener un Modelo de Información para proyectos de obra civil y edificaciones, utilizando el BIM. El objetivo es homogenizar las características técnicas que como mínimo debe contener un Modelo BIM.

La Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda ha conformado el Grupo de Trabajo que tiene a su cargo elaborar los lineamientos para el Modelo BIM. El equipo está integrado por profesionales de los sectores Vivienda, Interior, Transportes, Economía y Educación. Además, especialistas de la Contraloría General de la República, Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Lima y representantes de la empresa privada.