Los contratos de carreteras y puentes en EE. UU. alcanzarán los 121.000 millones de dólares en 2024

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La cifra marcó un aumento significativo respecto de los 114.600 millones de dólares en contratos adjudicados en 2023 y los 83.000 millones de dólares adjudicados en 2021. ARTBA señaló que las adjudicaciones de contratos a los gobiernos estatales y locales son un indicador principal de la actividad de construcción futura que se espera que comience en un plazo de 30 a 60 días. Dependiendo de la escala de un proyecto, las obras de construcción pueden durar un período de varios años.

Los principales mercados en 2024 fueron Texas, California, Florida, Nueva York e Illinois. Asimismo, los estados que registraron importantes aumentos porcentuales anuales de 33% o más incluyeron Rhode Island, New Hampshire, Maryland, Carolina del Norte, Washington, Carolina del Sur, Vermont, Florida, Arizona y Montana.

Las cifras sugieren que la actividad de construcción de proyectos de carreteras y puentes en Estados Unidos se mantendrá saludable durante algún tiempo. Sin embargo, un signo de interrogación se cierne sobre el ritmo de las futuras adjudicaciones y el progreso de los proyectos existentes, después de que el presidente Trump ordenó a las agencias federales que dejaran de desembolsar los fondos de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en medio de una revisión de 90 días.

El bufete de abogados Cromwell & Moring, con sede en Washington DC, advirtió que la orden ejecutiva de Trump sobre “Liberar la energía estadounidense” tenía “implicaciones significativas para la implementación de la IIJA y la IRA”. Los objetivos políticos de la orden ejecutiva incluyen aumentar la exploración y producción de energía en tierras y aguas federales.

Cromwell & Moring señaló que la directiva de pausar los desembolsos y revisar los procesos de financiación podría detener potencialmente miles de millones de dólares en financiación obligada para proyectos de infraestructura que ya están en marcha, incluidos aquellos que ya están en construcción. Agregó que podrían pasar meses antes de que se comprendan las implicaciones precisas de la Orden Ejecutiva, y que esta incertidumbre podría interrumpir los proyectos de infraestructura y generar reclamos. Incluso una vez que se completen la revisión y las recomendaciones prescritas por la Orden Ejecutiva, no habrá duda de que habrá ganadores y perdedores en la asignación del dinero para infraestructura.