Piura: Obras de agua y desagüe sin avances desde el 2012

Más de 30 mil pobladores de 20 asentamientos humanos en Piura esperan, desde el 2012, que se construya la red de agua potable y servicio de alcantarillado. Han pasado seis años de eso y solo tienen agua por horas; además, nunca accedieron al servicio de desagüe, pues la obra ha quedado inconclusa por culpa de malos empresarios y pésimas autoridades.

Ese año, el entonces presidente Ollanta Humala colocó la primera piedra de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la UPIS Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura” con una inversión de S/ 22'884.402.34. La obra, a cargo del Consorcio Piura, debía entregarse en noviembre del 2013.

El gobierno cumplió con transferir el dinero a la Municipalidad de Piura, que en ese entonces tenía como alcaldesa a Rubí Rodríguez, pero la obra avanzó con lentitud.

Los representantes de los asentamientos humanos afectados denunciaron que el año 2015, y sin mayor explicación, el actual burgomaestre, Óscar Miranda, decidió liquidar la obra, afirmando que ya estaba al 70% de avance, pagando a la empresa S/ 18 millones.

Los dirigentes Eleuterio González y Joel Pulache señalaron que la Municipalidad no verificó si las obras cumplían las especificaciones técnicas del contrato, y pese a ello le pagó a la empresa más de S/ 100 mil como liquidación y le devolvió la carta fianza por más de S/ 2 millones.

En agosto del 2016, el alcalde suscribió un contrato con la empresa Tecan para que concluya el 30% faltante de la obra por los S/ 5 millones que restaban para llevar a cabo el proyecto. Pero al no poder culminar ni siquiera el expediente de las obras finales, se rescindió el contrato.

La población cuestiona que pese a los incumplimientos, ninguno de los alcaldes haya denunciado a las empresas y más bien le entregaron dinero sin verificar la idoneidad de los avances.

La regidora de la Municipalidad de Piura, Ingrid Wiesse, sostuvo que el alcalde Miranda, al autorizar la liquidación habría incurrido en un grave delito de corrupción, que requeriría su vacancia de acuerdo al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Indicó que hay informes del Área de Infraestructura que concluyen que no debió liquidar la obra ni devolver las cartas fianzas. La vacancia se verá este lunes en sesión de consejo.