Perú endurece sanciones ambientales: hasta seis años de cárcel por arrojar residuos sólidos a ríos

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¿Qué establece la nueva ley?

La norma tipifica como delito la acción de arrojar basura u otros desechos sólidos en el cauce, lecho, ribera o faja marginal de ríos y quebradas. Las penas van desde 2 a 4 años de prisión, pero pueden elevarse hasta 6 años si se emplea maquinaria pesada o si se dañan obras de infraestructura pública como puentes, defensas ribereñas o sistemas de drenaje.

Este cambio legal se traduce en una mayor responsabilidad penal para personas naturales y jurídicas, incluyendo empresas constructoras y transportistas, que hasta ahora solo enfrentaban sanciones administrativas por este tipo de conductas. 

Impacto para el sector construcción y gestión de residuos

Desde la perspectiva de la arquitectura, construcción y gestión ambiental, la normativa implica varios retos y oportunidades:

• Mayor exigencia en manejo de residuos de obra: Las empresas constructoras deberán reforzar sus protocolos de disposición de residuos sólidos, especialmente en proyectos cercanos a cuerpos de agua.

• Control de transporte y descarga: El uso de camiones y maquinaria pesada para transportar residuos tendrá un escrutinio más alto, lo que impulsa la adopción de prácticas logísticas responsables.

• Integración de sistemas de gestión sostenible: Diseñar estrategias de construcción que incorporen el manejo seguro de desechos no solo evita sanciones, sino que mejora la integración urbana y ambiental de los proyectos.

Desafíos legales y aplicación práctica

Expertos jurídicos señalan que uno de los retos principales será demostrar el peligro inminente a personas concretas, un requisito del nuevo artículo 125-A que puede complicar la aplicación práctica del tipo penal en algunos casos. No obstante, este enfoque busca subrayar la responsabilidad de proteger la vida y salud de las comunidades que habitan cerca de los cauces naturales.

Perspectiva de las autoridades ambientales

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha respaldado la ley y resaltado su aplicación a nivel nacional. Según representantes institucionales, esta herramienta jurídica permitirá que la fiscalización sobre vertidos sea más eficaz y sancionable penalmente, complementando las medidas administrativas existentes. 

Conclusión

La promulgación de la Ley 32523 marca un hito en la lucha contra la contaminación de ríos y quebradas en el Perú, alineándose con prácticas responsables que la industria de la construcción y urbanismo viene promoviendo a través de gestión sostenible de residuos y cuidado del entorno natural. Para los profesionales del sector, esta norma subraya la importancia de integrar enfoques ambientales sólidos desde la planificación hasta la ejecución de obras.