Nueva ley mejora la cobertura de salud para trabajadores de construcción civil en el Perú

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El Congreso de la República promulgó la Ley N.° 32503, una norma que representa un avance significativo en la protección social de los trabajadores de construcción civil al modificar la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Esta medida busca adecuar la cobertura sanitaria a las condiciones laborales propias del sector, donde la temporalidad y la variabilidad de contratos dificultaban el acceso sostenido al seguro de salud.

Uno de los principales cambios introducidos es la reducción del requisito de aportes. A partir de ahora, los trabajadores podrán acceder a las prestaciones de EsSalud con solo dos meses de aportes, consecutivos o no, dentro del último año. Esta flexibilización permitirá que miles de obreros, cuyas labores suelen ser intermitentes entre proyectos, puedan contar con protección médica de forma más oportuna.

Asimismo, la ley establece que la cobertura será proporcional al número de meses aportados, calculados desde el último aporte realizado. Este esquema reconoce la naturaleza dinámica del empleo en construcción civil y otorga un marco más justo para el acceso a servicios de salud.

Otro punto clave es la implementación de un régimen de latencia más amplio. Los trabajadores podrán mantener la cobertura hasta por 12 meses tras el cese laboral, siempre que hayan aportado al menos tres meses en los últimos tres años. Esta disposición busca evitar que los periodos sin actividad dejen a los obreros desprotegidos, especialmente en temporadas de baja contratación.

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) destacó la aprobación de esta norma tras años de gestiones y diálogo. Según estimaciones difundidas, entre 600,000 y 700,000 trabajadores y sus familias podrán verse beneficiados con esta reforma. Representantes del Parlamento señalaron que la ley corrige una brecha histórica en el acceso a la seguridad social para este sector.

Finalmente, el Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días calendario para adecuar el reglamento correspondiente y garantizar una implementación efectiva. Con esta modificación, el país da un paso importante hacia un sistema de protección más inclusivo, fortaleciendo la seguridad de miles de trabajadores que sostienen gran parte de la actividad constructiva nacional.