Conozca el último IEC realizado por CAPECO

La construcción llega a junio sin remontar drástica caída. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI ha señalado que el sector construcción se contrajo 11.0% en mayo del presente año, una tasa mucho mayor a la que se había estimado en la anterior edición del IEC (-6.2%). Tanto el consumo de cemento como el avance de la obra pública, los dos indicadores que explican casi el 98% del PBI de la construcción, tuvieron un resultado fuertemente negativo. En el caso del cemento, el índice alcanzado (-11.9%) fue prácticamente el mismo que el estimado por CAPECO (-12.0%). Estos resultados adversos en estos seis rubros productivos clave, ha arrastrado a la economía en general, situación que – salvo durante la pandemia – nuestro país no había padecido en los últimos veinte años. CAPECO proyecta que la actividad constructora volverá a experimentar una nueva caída en junio, esta vez de 8.4%, como consecuencia de una nueva contracción del consumo de cemento (-12.7%). Así, al cierre del primer semestre de este año, la producción sectorial sufriría una disminución de 9.8% respecto a igual periodo del 2022.

El índice de precios de los materiales de construcción volvió a bajar en junio, alcanzando un nivel similar al de mayo (-0.54%), este indicador acumula cuatro meses sucesivos en caída. Con estas performances, la tasa interanual de variación de precios de materiales se redujo en 0.4% en mayo, mientras que la inflación subió 6.5%. Desde hace varios meses, CAPECO ha venido alertando sobre el impacto que tendría sobre la performance del sector construcción durante este año la confluencia de una serie de factores como la contracción de la inversión privada y la protesta social; la ocurrencia de lluvias severas en varias regiones del país durante el primer bimestre del 2023; los desajustes en el mercado inmobiliario y en la obra pública por el alza de precios de materiales de construcción; el incremento de los niveles de pobreza, sobre todo en Lima Metropolitana; el cambio de autoridades, los casos de corrupción en la contratación de obras públicas y en los programas de vivienda social; y el conflicto entre municipalidades y el Ministerio de Vivienda sobre el desarrollo de proyectos de vivienda. Recientemente, en ocasión de iniciarse las conversaciones entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y CAPECO para la negociación colectiva en la industria de la construcción para el presente año, ambas entidades suscribieron un pronunciamiento público reiterando la vigencia de “una agenda común para la reactivación del sector y de la economía del país”. 

Los desafíos que plantea el Fenómeno El Niño para la infraestructura

“Hasta junio del 2023, la ejecución de los presupuestos de inversión pública presenta resultados para nada parecidos” indica Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO. “Por un lado, se invirtieron 16 mil 705 millones de soles, lo que implica un récord histórico. Por el contrario, los gobiernos locales experimentaron una contracción de 12.5% en sus niveles de inversión hasta el primer semestre”, acota Valdivia. De acuerdo al gremio, estos altos niveles de inversión están asociados a la mayor disponibilidad de recursos y no a un incremento de la eficiencia en la ejecución. El reciente Informe Económico de la Construcción informa que la inversión pública podría verse afectada por la inminente ocurrencia del Fenómeno el Niño. “Los eventos más severos producidos en 1982-83, 1997-98 y 2017 generaron pérdidas cercanas a los 3 mil 300 millones de dólares, en cada oportunidad”, indicó Valdivia.

CAPECO advierte de una situación aún más complicada para el sector: “Los contratistas de obras están enfrentando dificultades para que las empresas de seguros reconozcan los daños ocasionados por los fenómenos climáticos ocurridos a inicios de año”, advierte Valdivia. De acuerdo al gremio, las compañías de seguros no están otorgando cobertura en contratos para la adquisición o renovación de pólizas que correspondan a obras localizadas en zonas potencialmente afectadas por lluvias severas. Estas exclusiones y limitaciones impedirían que los contratistas cumplan adecuadamente con sus compromisos contractuales con el Estado, exponiéndolos a penalidades, ejecución de cartas fianzas, y hasta la resolución de contratos y la inhabilitación para contratar con entidades públicas. “Además se incrementaría el monto de obras paralizadas”, aseguró Valdivia. “Es urgente la participación del gobierno nacional. Se requiere que el Estado asuma parte del riesgo derivado de la probabilidad de ocurrencia de siniestros catastróficos y recurrentes que, aparentemente, exceden la capacidad de pago de un solo asegurador”, explicó.  

CAPECO sobre la construcción en el mensaje presidencial por Fiestas Patrias

En junio, el BCRP reveló que las expectativas empresariales habían vuelto a caer. “Las perspectivas para los siguientes tres meses se encuentran en escenario negativo”, indica Valdivia. (Ver ANEXO 4) “La presidenta se alista a dar su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias luego de las marchas del 19 de julio que no alcanzaron los niveles de participación que anunciaban sus promotores. Ello ha generado un ambiente de relativa tranquilidad que el gobierno no puede considerar como un respaldo a su gestión”, señala el Director Ejecutivo de CAPECO. Según CPI, sólo el 6.3% de la población cree que el gobierno está preparado para enfrentar el Fenómeno El Niño y en su gran mayoría respalda un adelanto de elecciones.

“El discurso por 28 de julio debería ser una oportunidad para proponer al país un pacto nacional para emprender las reformas políticas necesarias para fortalecer nuestro sistema democrático, para impulsar un programa de reactivación económica, de la inversión y del empleo y para iniciar un proceso de modernización de la gestión estatal. El contenido y alcances de estas tres importantes iniciativas reformistas deberán ser consensuadas con el Congreso y con la sociedad civil, a través del Acuerdo Nacional y de Encuentros Regionales. Las reformas políticas, en particular aquellas vinculadas al nuevo diseño electoral y de representación, deberían estar listas para los próximos comicios generales”, aseguró Valdivia.

En el caso del sector construcción, la FTCCP y CAPECO han consensuado un pacto que combina ambos enfoques y que plantea objetivos estratégicos como: la descentralización del proceso de planificación territorial; el impulso a la planificación urbano-territorial para la producción de vivienda, especialmente social; la articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de agua y desagüe; coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones; fomento de la formalización laboral y el fortalecimiento de la representación sindical; y la creación de espacios institucionalizados para un diálogo público-privado transparente, entre otros. “Este último objetivo estratégico es, probablemente, el primero que debería abordarse pues su implementación permitiría desarrollar el resto de la agenda de reformas con eficiencia y un amplio consenso”, asegura el gremio. 

Sobre el fallo del TC en cuento a las competencias en Vivienda Social

De acuerdo al IEC de CAPECO, la colocación de préstamos hipotecarios para la adquisición o construcción de viviendas continúa disminuyendo al cierre de mayo, “aunque con tendencias claramente divergentes entre los segmentos de vivienda social y no social”, indica Valdivia. El informe muestra que los créditos otorgados por entidades financieras con sus propios recursos disminuyeron 35.0%, respecto al 2022, y 43.9% en comparación con el 2021. Las operaciones financiadas a través de Mivivienda S.A. permitieron la construcción de 5,529 viviendas, vale decir un 9.6% más que entre enero y mayo de 2022. Esta entidad concentra el 39.5% del mercado de créditos hipotecarios en estos primeros cinco meses del presente año. En promedio, la caída en las colocaciones fue de 25.5% en este periodo. En junio de 2023, se desembolsaron 979 créditos Mivivienda, cifra que es 120.5% más alta que la del año previo. “Sin embargo, en junio de 2022 se presentó un resultado atípico porque a mitad de mes se acabaron los subsidios de vivienda social, tanto para Techo Propio como para Mivivienda”, señaló Valdivia. De acuerdo al gremio, el resultado de junio es 14.9% inferior al de mayo y el segundo más bajo de los últimos doce meses. "Si los préstamos que se otorguen en el segundo semestre mantienen el ritmo de crecimiento mensual del último semestre, se podría llegar a fin de año con una baja de 11.1% comparado con el 2022”, aseguró Valdivia. 

Para CAPECO, el conflicto de competencias entre el Ministerio de Vivienda y algunas municipalidades respecto a la generación de oferta de vivienda social que había sido dirimido por el Tribunal Constitucional – TC, está lejos de resolverse. “Varias municipalidades han aprobado ordenanzas que disponen, sin sustento legal, la paralización de obras, la anulación de licencias u otras autorizaciones, la aplicación retroactiva de medidas derivadas de la sentencia del TC o la suspensión generalizada de licencias”, informa Guido Valdivia.

De acuerdo al gremio, la sentencia del TC ha recordado que la autonomía de las municipalidades “no debe confundirse con autarquía, pues esta debe ser ejercida de conformidad con la Constitución y las leyes” y “que su regulación se enmarca en un sistema nacional armónico”. Valdivia indica que la sentencia del TC únicamente ha declarado nulos los artículos que están referidos a parámetros de zonificación y alturas máximas de edificación, sin cuestionar la legalidad del resto del Reglamento Especial ni de las otras tres normas nacionales que regulan la vivienda, el urbanismo, la construcción y el desarrollo urbano en todo el país. 

“El TC ha señalado que, aunque el MVCS no tiene competencia para imponer a un gobierno local el deber de variar la zonificación, o para ignorar la que se hubiese realizado, no implica que los gobiernos locales puedan inconstitucionalmente obstaculizar el desarrollo de proyectos de VIS por parte del Poder Ejecutivo”, explica el Director Ejecutivo de CAPECO. “Ello quiere decir que los proyectos y demás autorizaciones que se aprobaron cumpliendo estrictamente el Reglamento Especial deben mantener su vigencia. Teniendo en cuenta que en nuestro país es muy frecuente la venta de viviendas bajo la modalidad de “bien futuro”, muchos proyectos se comienzan a comercializar en etapa de pre-venta", indica Valdivia. De acuerdo con cifras de la Plataforma del Mercado de Edificaciones Urbanas de CAPECO, recogidas en marzo pasado, existían poco más de 15 mil viviendas que se ofrecían en “pre-venta” en Lima Metropolitana, constituyendo el 36.3% de las viviendas en oferta.