Casi un millón de limeños habita en una casa muy vulnerable frente a un terremoto

A lo largo de su historia, Lima ha sido sacudida por uno de los fenómenos naturales más destructivos del planeta. Existen registros de sismos en la ciudad desde la época de la Colonia. En 1687, la ciudad quedó en escombros y en el Callao hubo un centenar de fallecidos por un maremoto. Después, en 1786, un terremoto aún más fuerte derrumbó 3.000 viviendas (solo 30 quedaron en pie), mató a 1.141 personas y, otra vez, el Callao fue arrasado por un tsunami que se llevó la vida de otros 4.800 ciudadanos. Varios siglos más tarde, la capital del Perú sigue siendo un lugar altamente vulnerable.

El reciente sismo de magnitud 6, con epicentro en la localidad de Mala (Cañete), también se sintió en Lima Metropolitana. Si bien no pasó de algunos derrumbes en la Costa Verde y daños materiales en el aeropuerto, centros comerciales y otras instalaciones, los limeños vivieron momentos de suma tensión.

No es para menos. La ciudad es altamente vulnerable a los movimientos telúricos. Según el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana 2019-2022, en la ciudad hay más de 928 mil personas vulnerables a una tragedia de esta naturaleza. Son cerca de un millón de limeños viviendo en casas de riesgo muy alto y alto.

Estas viviendas son inseguras porque están asentadas sobre suelos inestables o también porque los materiales usados para construir la casa son malos. No en pocos casos las construcciones informales tienen serias fallas estructurales y ante un movimiento podrían venirse abajo. Todos estos factores ponen a un importante número de personas en una situación de peligro inminente.

Distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, Independencia, Ate, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, Chorillos, Lurín, Carabayllo, Breña, La Victoria, Barranco, San Juan de Miraflores y otros tienen centenares –en varios casos miles– de precarias viviendas con riesgo de colapso.

Pero si contamos a quienes califican en un nivel de riesgo medio (viven en quintas o en casas vecindad con techos frágiles) la cifra sube a 6.3 millones de personas en riesgo. Es decir, en el escenario de un terremoto de 8.5, más de la mitad de limeños sufriría las consecuencias.

Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, solo en el Centro de Lima hay más de 1.000 viviendas con riesgo de caer. Muchas de ellas ni siquiera necesitan de un sismo para desplomarse. Sus estructuras están tan deterioradas y en un estado tan ruinoso que, de manera periódica, se reportan desprendimientos y colapsos. Un terremoto sería mortal en este punto de la urbe.

Carlos Zavala, director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explica que zonas como Villa El Salvador y las playas del sur tienen suelos flexibles y eso las hace vulnerables. Al norte de la ciudad, detalló, en Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho, las viviendas están asentadas en colinas. La situación es similar.

La autoconstrucción es otro factor que vuelve peligrosas a estas viviendas. “Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente”, comentó Zavala para la Agencia Andina.

El Comercio conversó con la decana del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lima, Lourdes Giusti. El problema de origen, afirmó, es que entre el 60% y 70% de las construcciones del país son informales porque el Estado no ha sido capaz de dar alternativas para que la población acceda a una vivienda digna y segura, a un precio asequible.

“La gran mayoría de las edificaciones son construidas sin la participación de un arquitecto o un ingeniero. Tienen una serie de problemas constructivos y además se levantaron en suelos no aptos”, alertó.

Giusti informó que existe el proyecto de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Este documento se encuentra en la Comisión de Vivienda del Congreso a la espera de ser revisado.

Según señaló, la propuesta legislativa presentada por la actual gestión del Ministerio de Vivienda contempla modificaciones que faciliten la gestión del suelo y, de ese modo, el Estado pueda destinar más terrenos a los programas de vivienda. También se contempla, entre otras cosas, dar instrumentos financieros que ayuden a los municipios a financiar el rescate de viviendas en estado ruinoso.