Conozca el último Informe Económico de la Construcción brindado por CAPECO

Según cifras del INEI, la actividad constructora se contrajo 8.1 % en noviembre del 2023 respecto al año previo, acumulando once meses consecutivos a la baja. “La Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) ha estimado que en diciembre la actividad sectorial ha caído nuevamente, esta vez a un ritmo de 6.6%, con lo que la disminución anual habría sido de 8.7%, siete décimas más a las proyectadas por el BCRP en su Reporte de Inflación de diciembre”, sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO durante la presentación del Informe Económico de Construcción N°73. 

Respecto al avance de obra pública y el empleo en construcción, el especialista destacó la ejecución récord de la inversión pública en 2023 (48 mil 370 millones de soles y una eficiencia de 73.7% respecto del monto presupuestado), aunque también señaló la disminución de la inversión municipal (13.5% menos que en 2022) y las reducciones presupuestarias en programas clave del gobierno nacional. “En el caso de Provías (Nacional y Descentralizado), la disminución fue de 51.4%”, comentó Valdivia.   Además, se resalta la paralización de obras y la ineficiencia en la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, con 17 mil 200 millones de soles sin utilizar para inversiones y 127 obras detenidas entre octubre y diciembre. 

En cuanto al empleo en el sector de construcción en Lima Metropolitana, Valdivia informó un aumento del 4.0% en el último trimestre de 2023, subrayando que esta es la segunda vez consecutiva que se observa un resultado positivo.

Respecto a la variación de precios, únicamente el precio del cemento y el costo de mano de obra experimentaron un alza en diciembre pasado respecto a igual mes del 2022 (5.2% y 5.4%, respectivamente. En cambio, el precio de la loseta de cemento se retrajo en 2.8%, el del acero de construcción en 5.1% y el del ladrillo de arcilla en 9.0%. En promedio, el Índice de Precios de Materiales de Construcción – IPCM se contrajo en 1.39% en diciembre 2023 en comparación a igual mes del año previo, mientras que el índice de inflación aumentó en 3.26%.  

A pesar de la situación actual, Valdivia expresó un consenso entre el BCRP, consultoras económicas y empresarios de la construcción para una subida del PBI sectorial entre 3% y 4% al cierre de 2024. Se fundamenta esta expectativa en factores como el posible Fenómeno El Niño y una mejora en las expectativas empresariales.

No obstante, el director de Capeco destacó la necesidad urgente de acciones gubernamentales para la recuperación del mercado inmobiliario y la obra pública. Valdivia presentó una serie de propuestas específicas, abordando temas como subsidios, regulación de precios, créditos, y la gestión de proyectos públicos y privados. “Alcanzar un crecimiento de 3 o 4% depende en gran medida de las decisiones que tome el gobierno nacional, sobre todo aquellas que conciernen a la producción de vivienda social y a la ejecución de obras públicas convencionales”, sostuvo.

Cuellos de botella

Fatalmente, en los últimos treinta días, el Ejecutivo sólo ha tomado algunas pocas iniciativas que no son suficientes para evitar la caída en la venta de viviendas ni para reducir la ineficiencia y baja calidad en la ejecución de obras públicas. 

“Continúa la incertidumbre sobre recursos para subsidios del programa Mivivienda. Se requieren 300 millones de soles para retornar a niveles de 2022 y solo hay, hasta el momento, solo se ha autorizado al Ministerio de Vivienda a redirigir 100 millones de su presupuesto institucional del presente año al financiamiento de estos subsidios. Con estos recursos se podrían movilizar más de 4 mil millones de soles de inversión privada en vivienda y los dineros puestos por el Estado en estas ayudas a las familias, retornarían al erario en un plazo de dieciocho meses”, comentó Valdivia.

Asimismo, explicó, se ha actualizado los valores de los Bonos Techo Propio, pero no los de Mivivienda ni los precios máximos de las viviendas que pueden ser financiadas a través de estos programas.

“La colocación de créditos Mivivienda Verde sigue cayendo por aprobación de Código de Construcción Sostenible que afecta proyectos certificados para acceder al Bono Verde, retrasando y hasta frustrando su ejecución. La salida del Fondo Mivivienda del financiamiento de viviendas con precios por encima de 350 mil soles (Rango 5) no ha sido cubierta aun por los bancos utilizando sus propias líneas de financiamiento. Ello a pesar de que el Estado asume parte del riesgo crediticio”, mencionó. 

Municipalidades en oposición

La Municipalidad de San Isidro ha retrocedido parcialmente en su oposición al desarrollo de proyectos de vivienda social en el distrito y autoriza la reanudación de proyectos habitacionales iniciados antes de sentencia del TC sobre la vivienda social.

Por el contrario, la municipalidad de Miraflores niega la vigencia de los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios y de anteproyectos aprobados con normas emitidas por la misma municipalidad para promover la construcción sostenible y que fueron sustituidas por la actual administración municipal.

Pero, persiste la negativa de alcaldes de varios distritos limeños para impulsar oferta VIS en distritos de Lima Top y Lima Moderna, incumpliendo lo dispuesto por el TC en el sentido de que las municipalidades no pueden impedir el desarrollo de proyectos de vivienda social. La aducida afectación de la “residencialidad” (sic) no justifica este rechazo a una política de vivienda nacional 

Para encarar este problema, el Ministerio de Vivienda debe ejercer sus competencias como ente normativo nacional y emplear mecanismos para exigir el cumplimiento de políticas públicas y la sentencia del TC. Además, debe implementar un programa de incentivos para que las municipalidades promuevan oferta de vivienda social 

La modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva de Techo Propio, sigue disminuyendo sus niveles de colocación debido, en primer lugar, a que las instituciones financieras cada vez otorgan menos créditos en este programa. Es necesario modificar reglas de cobertura de riesgo, agilizar los procedimientos de desembolso de subsidios y créditos y, de ser necesario, crear un subsidio a la originación que permita cubrir parte de los altos costos que implica para los bancos gestionar créditos por montos reducidos y plazos largos.