El Pleno del Congreso aprobó con 60 votos a favor, 11 en contra y 47 abstenciones, la propuesta legislativa orientada a destrabar el Proyecto Majes–Siguas II, la cual no tiene opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Se trata del PL N.° 6133, que modifica el artículo 5 del DU 016-2019, Decreto de Urgencia para el endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020.

La iniciativa propone la modificación del “Articulo 5. Monto máximo de las garantías del Gobierno nacional en el marco de los procesos de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y sus modificaciones contractuales”, según señala el dictamen.

Asimismo recomienda que se «autorice al Gobierno nacional para otorgar o contratar garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas, incluyendo sus modificaciones contractuales, hasta por un monto que no exceda de 987 millones 639,505 dólares más el IGV o su equivalente en moneda nacional”.

También, la propuesta incluye que se faculte al Gobierno nacional a ampliar el monto de la garantía soberana prevista en el “Contrato de Concesión, Construcción, Operación y Mantenimiento de Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para irrigación de las Pampas Siguas”. 

El objetivo es asegurar los pagos correspondientes a la inversión adicional a ser incorporada en la décimo tercera modificación contractual presentada por el Gobierno Regional de Arequipa.

La sustentación del dictamen estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña Peralta (APP).

Por su parte, Rosario Paredes Eyzaguirre –autora de la propuesta– dijo que el destrabe de la mencionada obra permitirá la construcción de centrales hidroeléctricas que generarían 15,000 nuevos puestos de trabajo.

“No existe el marco legal para el otorgamiento de garantías soberanas. Este endeudamiento lo va cubrir la concesionaria porque el contrato es entre el Gobierno Regional y la concesionaria”, observó la legisladora.

Durante el debate, el congresista José Antonio Núñez Salas (PM) indicó que Arequipa está a favor de que se inicie la segunda fase del proyecto que lleva un retraso de diez años y tiene doce adendas.

Sin embargo advirtió que el referido dictamen carece del visto bueno de otras instituciones como la Contraloría General de la República y ProInversión.

“No tiene la conformidad de la Contraloría ni el visto bueno de ProInversión, hoy lo vamos a aprobar y va a ser observado”, dijo.

Asimismo, el legislador Diethell Columbus Murata (FP) observó que en el dictamen no hay opiniones técnicas del Ministerio de Agricultura ni del Ministerio de Economía, además –dijo– siendo un proyecto específico no se puede legislar con nombre propio. 

“La propuesta podría ser observada y además podría tener visos de inconstitucionalidad”, afirmó.

Posteriormente, fue desestimado el pedido del congresista José Luis Ancalle (FA) de reconsiderar la votación antes señalada.