Obras de infraestructura en riesgo: gremio de construcción alerta sobre impacto de nuevas disposiciones de contratación pública

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El sector construcción expresó su preocupación por los efectos que estaría generando la aplicación de nuevas disposiciones relacionadas con la Capacidad Máxima de Contratación (CMC), un indicador clave que determina el monto de obras públicas que una empresa puede ejecutar simultáneamente. Según el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), diversas compañías estarían registrando reducciones significativas en su capacidad de contratación, situación que podría afectar el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura en el país.

La preocupación surge en el contexto de la implementación de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamentación, cuyos mecanismos de evaluación estarían impactando a empresas con experiencia comprobada, solvencia técnica y trayectoria en la ejecución de obras para el Estado.

Menor competencia y posibles retrasos en obras públicas

De acuerdo con el gremio empresarial, una reducción generalizada de la capacidad de contratación podría generar diversos efectos negativos en el mercado de infraestructura. Entre ellos destacan una menor competencia en los procesos de licitación, la concentración de proyectos en un número reducido de empresas y el incremento de costos para el Estado.

Asimismo, advierten que esta situación podría traducirse en retrasos en la ejecución de obras de transporte, saneamiento, salud, educación y conectividad, sectores fundamentales para el cierre de brechas de infraestructura que aún enfrenta el Perú.

Seguridad jurídica y predictibilidad para las inversiones

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL señaló que cualquier modificación regulatoria vinculada a las contrataciones públicas debe respetar principios fundamentales como la seguridad jurídica, la predictibilidad, la razonabilidad y la no retroactividad.

Según la organización, las reglas del sistema deben fomentar una mayor participación de empresas en los procesos de contratación pública y contribuir al fortalecimiento de la competencia, en lugar de generar barreras que limiten el acceso de compañías calificadas al mercado de infraestructura.

Llamado al diálogo técnico entre autoridades y sector privado

Ante este escenario, el gremio exhortó al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), al Registro Nacional de Proveedores (RNP) y a las autoridades competentes a revisar con urgencia los efectos de la normativa y promover espacios de diálogo técnico con las empresas y gremios involucrados.

La finalidad, indicaron, es identificar soluciones que permitan preservar la competencia, garantizar la continuidad de las inversiones y asegurar que los proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo del país no se vean afectados por restricciones administrativas o regulatorias.

Infraestructura: un factor clave para el crecimiento económico

La advertencia se produce en un contexto donde el Perú mantiene importantes desafíos en materia de infraestructura. Diversos gremios del sector han señalado en los últimos meses la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos públicos y destrabar obras paralizadas para impulsar la competitividad, mejorar los servicios básicos y fortalecer la recuperación económica.

En ese sentido, especialistas coinciden en que contar con reglas claras, mecanismos de contratación eficientes y una participación amplia de empresas constructoras resulta fundamental para garantizar la continuidad de las inversiones y el desarrollo sostenible de la infraestructura nacional.