Nueva Ley de APP en Perú: ¿cómo afecta a los contratos vigentes de infraestructura?

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La reciente publicación de la Ley N.º 32441 marca un antes y un después en el marco normativo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA) en el Perú. Con esta norma se deroga el Decreto Legislativo 1362 y se consolida un esquema unificado para regular la promoción de la inversión privada en infraestructura y servicios públicos. El objetivo declarado por el Ministerio de Economía y Finanzas es claro: dinamizar la inversión en el país con una proyección de más de 30 000 millones de dólares en nuevos proyectos y al mismo tiempo garantizar mayor eficiencia y transparencia en la ejecución contractual.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es su aplicación automática a los contratos vigentes. Todos los contratos APP y PA se incorporan al nuevo marco legal sin necesidad de renegociación ni adendas, lo que asegura continuidad y seguridad jurídica. Este principio simplifica la transición, pero obliga a las entidades públicas y privadas a revisar con detalle las cláusulas existentes para adaptarlas a las nuevas disposiciones, especialmente en lo que respecta a modificaciones contractuales, mecanismos de interpretación y solución de controversias.

Entre los cambios más significativos destaca el rol que ahora puede asumir ProInversión como Entidad Pública Titular de Proyectos en contratos de gran envergadura suscritos dentro de los últimos 12 meses, con montos superiores a 80 000 UIT, excepto en el sector eléctrico. Esta medida refuerza la centralización y especialización de la gestión contractual, reduciendo la fragmentación que antes dificultaba los procesos. Asimismo, la ley otorga a las entidades públicas la facultad de interpretar cláusulas contractuales, lo que permitirá resolver discrepancias de forma más ágil sin recurrir necesariamente a arbitrajes o instancias judiciales.

La norma también flexibiliza las modificaciones contractuales al permitir que ciertas variaciones puedan formalizarse mediante actas de acuerdo y no solo a través de adendas. Esto aplica en casos como emergencias declaradas, encargos adicionales de estudios de ingeniería o inversiones adicionales que aporten valor económico o social al contrato, incluso si implican superar el área o el plazo original. Este esquema busca agilizar la respuesta frente a contingencias y reducir la rigidez que en muchos casos paralizaba los proyectos.

Otro punto clave es la incorporación de mecanismos como las Juntas de Resolución de Disputas, que podrán incluirse en los contratos vigentes para atender controversias de manera más rápida y técnica. Además, se establece la obligación de anticipar con al menos tres años la definición sobre la renovación, ampliación o sustitución de contratos, garantizando continuidad en la prestación de servicios públicos y evitando interrupciones al vencimiento de las concesiones.

La ley abre también una ventana de oportunidad hasta diciembre de 2026 para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas, lo que puede impulsar la participación de capital privado en nuevos esquemas de infraestructura. Asimismo, algunas disposiciones ya tienen vigencia inmediata, como el fortalecimiento de ProInversión y la implementación de mecanismos de seguimiento y soporte especializado, a la espera de que el reglamento, con plazo máximo hasta noviembre de 2025, defina los criterios técnicos y procedimientos específicos.

Para el sector construcción e infraestructura, la Ley N.º 32441 representa tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, ofrece un marco más predecible, procesos más ágiles y mayor confianza para inversionistas. Por otro, exige a las entidades públicas y privadas fortalecer sus capacidades institucionales, adaptar sus contratos a las nuevas reglas y prepararse para un escenario donde la supervisión, la transparencia y la eficiencia serán determinantes.

En conclusión, la nueva Ley de APP y PA es una herramienta clave para impulsar la reactivación de la inversión en el país, pero su éxito dependerá de la claridad del reglamento y de la capacidad de los actores para implementarla con rigor técnico y responsabilidad. Para los profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción, así como para los gestores de proyectos, este es el momento de revisar contratos, alinear procesos y anticipar los impactos de una reforma que busca transformar la forma en que se gestiona la infraestructura en el Perú.