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Majes Siguas II: si no firman Adenda 13, pérdida sería de $ 981 millones

Publicado hace 5 años

Majes Siguas II: si no firman Adenda 13, pérdida sería de $ 981 millones

Estudio de Latin Pacific advierte demora de 5 años para relicitar proyecto. Además, concesionaria iniciará arbitraje. Congresistas piensan distinto.

Para el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), no hay otra alternativa. Debe firmar la Adenda 13 para continuar con el proyecto Majes Siguas II. Con  esa modificación en el contrato, el Estado debe asumir un adicional de 110 millones de dólares. Ya el presidente Martín Vizcarra, en su  visita a Arequipa, dio el visto bueno al reajuste.

 

Falta afinar detalles pese a las observaciones formuladas para asumir este compromiso. La bancada de congresistas arequipeños considera lesivo este cambio de contrato para los intereses de Arequipa.

 

Javier Rospigliosi, responsable del monitoreo del proyecto, señaló que el GRA contrató a la empresa Latin Pacific para que emita una opinión de la conveniencia de firmar esta adenda. 

 

La consultora determinó que le costará más al Estado rescindir el contrato con la empresa que firmar una adenda. Estima un perjuicio económico de US$ 981 millones al Producto Bruto Interno (PBI) de Arequipa de cancelarse el contrato con el consorcio ejecutor Angostura-Siguas. Este consorcio exige aumentar los US$ 110 millones para cambiar el sistema de riego de las pampas de Siguas, de canales a tuberías. 

 

Rospigliosi explica que esta cuantificación se da porque, según el estudio, tardaría cinco años más volver a licitar el proyecto. Durante este tiempo, se dejarían de ejecutar inversiones por parte de los adquirientes de las parcelas, y se dejaría de generar empleos, lo que afectaría el PBI de la región.

 

El proyecto puso al Estado entre la espada y la pared. O asigna más dinero de lo presupuestado (lo que podría convertir las tierras en las más caras) o pierde millones en la nueva licitación y un posible arbitraje que iniciará la empresa concesionaria. Todo  indica que se optaría por la decisión menos mala.  

 

Nuevo esquema 

 

El pasado 28 de junio, el consorcio remitió su propuesta de adenda. Solicita un incremento de US$ 110 millones, para ser asumidos íntegramente por el Estado, ¿que pasaría si se aprueba?

 

El esquema de inversión del proyecto cambiaría, y pasaría a ser una inversión con mayor participación estatal y menor aporte privado. 

 

El proyecto Majes Siguas II cuesta 550 millones de dólares.

 

El actual esquema establece que el Estado aporta US$ 282 280 000, mientras que el consorcio pone US$ 268 millones. Una proporción de 51/50.

 

Si el Estado accede a pagar todo el adicional que pide el consorcio, la proporción será de 60/40. 

 

Este es uno de los principales cuestionamientos de los congresistas de Arequipa Justiniano Apaza y Horacio Zeballos. Indicaron que se está beneficiando al privado, porque la optimización del sistema de riego hará que tenga más ganancias; por ende, el Estado no debería costearlo. 

 

La gobernadora Yamila Osorio refirió con anterioridad que el Estado debe correr con esta inversión extra porque un fallo del Tribunal Constitucional (TC) obligó a reducir el caudal que se tenía que destinar para la represa Angostura, para destinarlo a la región de Cusco, afectada por la construcción del embalse. 

 

La gobernadora señaló ayer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de determinar si es favorableeste nuevo esquema financiero. 

 

Por su parte,  Javier Rospigliosi señaló que se está evaluando la propuesta del consorcio y el gobierno regional presentará una contrapropuesta antes que termine agosto. Luego, la Contraloría evaluará si es recomendable firmar la Adenda 13. 

 

Puntos cuestionados de adenda 

 

La propuesta presentada por el consorcio Angostura-Siguas tiene puntos cuestionables. Además, propone que el Estado corra con todo el gasto extra y plantea que se borre la parte del contrato donde se señala que las optimizaciones propuestas no serán evaluadas por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

 

También, exige que se incremente el tiempo de construcción de las obras de 3 años a 3 años y 8 meses. Asimismo, reduce el tiempo para que la supervisora emita opinión sobre el trabajo de la concesionaria y aumenta el plazo del cierre financiero en cuatro meses más. Javier Rospigliosi dice que se analizarán estos puntos cuestionados. 

 

Fuente: La República.

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