Conozca el último IEC realizado por CAPECO

En su último Informe Económico de la Construcción, CAPECO indica que la retracción de la inversión arrastra a la construcción en 2023. De acuerdo con la más reciente medición efectuada por el INEI, el producto bruto de la actividad constructora se contrajo 4.1% en el mes de junio de 2023, acumulando seis meses consecutivos en negativo. Este resultado es consecuencia de una baja de 10.6% en el consumo de cemento, lo que ocurre ininterrumpidamente desde setiembre 2022.

Al cierre del primer semestre de este año, la construcción acumuló una reducción de 9.0%, su peor performance desde el -42.1% que tuvo lugar en el 2020, en plena crisis por la emergencia del COVID. Con estas cifras, este sector ocupa el segundo lugar entre las actividades productivas que más se retrajeron.

Las empresas que conforman el Panel de Expectativas del IEC señalan en la encuesta exclusiva realizada por CAPECO, en agosto de este año, que sus niveles de operación se redujeron en 2.5% el tercer bimestre del presente año, en relación con igual bimestre del 2022.

Los tres segmentos presentaron resultados negativos, a pesar de que, en la medición de hace dos meses, los proveedores proyectaban un ligero crecimiento (1.3%) para el tercer bimestre y en realidad sufrieron una contracción de 1.1%. Para el cuarto bimestre, los empresarios entrevistados pronostican que sus niveles operativos continuarán a la baja, pero con una intensidad menor (-1.0%), no presentándose diferencias significativas en los tres segmentos.

CAPECO proyecta que el PBI sectorial sufrirá un nuevo descenso en julio, esta vez de 4.9%, a consecuencia de una nueva baja en el consumo de cemento (-6.5%) y de la ejecución de obra pública (-0.4%). De confirmarse estas tasas negativas, el sector acumularía una disminución de 8.4% entre enero y julio del 2023 y de 2.5% en el periodo anual que va de agosto 2022 a julio 2023. Con estos resultados, para alcanzar la meta de crecimiento sectorial nulo al cierre del presente año por el BCRP en su Reporte de Inflación de junio, la actividad constructora debería aumentar un promedio de 9.3% en los últimos cinco meses del año. En este contexto, cada vez es más probable que la construcción experimente una contracción en el 2023. 

Pasando a un ámbito más positivo, CAPECO informa que la inversión pública continúa en crecimiento. Al cierre del séptimo mes del año se ejecutaron 20 mil 347 millones de soles del presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a inversiones públicas en los tres niveles de gobierno para todo el 2023. Ello implica un aumento de 11.8% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque en los gobiernos locales –que concentran casi dos de cada cinco soles presupuestados– se presenta una contracción de 11.7%. “Como se ha indicado en ediciones anteriores del IEC, este desempeño favorable de la construcción pública se ve mediatizado por la poca eficiencia en la ejecución”, expresa Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.

En cuanto a la inversión privada, el Instituto Peruano de Economía – IPE tasó en 11% la contracción de este indicador en el primer semestre del presente año y, aunque considera que se recuperará entre julio y diciembre, el año terminará con una disminución de 7.5% respecto al 2022. “Lamentablemente, los resultados alcanzados por los diferentes segmentos del sector construcción reflejan este deterioro de las perspectivas sectoriales para el presente año, reflejando que todos los segmentos de la construcción se contraerían en 2023”, asegura Valdivia.

El último IEC de CAPECO concluye que el panorama para la inversión, tanto pública como privada, y para el sector construcción es muy complicado. Lo más probable es que el comportamiento negativo experimentado en estos rubros durante los primeros siete meses del año continúe hasta fin de año. “La intensidad de la contracción podría variar, dependiendo de la magnitud y oportunidad del Fenómeno El Niño y de la celeridad que el gobierno de la presidenta Boluarte ponga en marcha con medidas para afianzar el mercado inmobiliario, en particular el de vivienda social; además de su capacidad para recuperar eficiencia, integridad y calidad en la gestión de infraestructuras y equipamientos estatales”, indica Guido Valdivia.

Respecto al reciente relanzamiento del Fondo MiVivienda, CAPECO encuentra aspectos para resaltar y otros para seguir mejorando. “Si continuara la tendencia de colocación de los créditos hipotecarios financiados por los Créditos MiVivienda que se presentó en los siete primeros meses del año, se terminaría el 2023 con una disminución de 23.6%”, explica Valdivia. “En el relanzamiento del Fondo MiVivienda no se señaló nada respecto a las trabas que están poniendo las municipalidades para la continuidad de proyectos VIS que se acogieron al Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación antes de la sentencia del Tribunal sobre la aplicación de esta norma, la cual ha sido interpretada por los gobiernos locales de manera antojadiza”, alerta el director ejecutivo de CAPECO.

“Tampoco se dijo nada sobre la entrada en vigencia del Código de Construcción Sostenible que, en buena cuenta, plantea mayores exigencias a las que regían en el Crédito Mivivienda Verde, el producto más exitoso del Fondo Mivivienda y la iniciativa de sostenibilidad que más rápidamente logró la adhesión de promotores, instituciones financieras y ciudadanos”, explicó.

Para CAPECO también preocupa que no se señale nada sobre la función del Operador Público de Suelo que fue asignada al Fondo Mivivienda a través de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. El gremio propuso que se constituya una nueva empresa pública, con un diseño organizacional y financiero muy distinto al del Fondo Mivivienda, que se haga cargo de la gestión del suelo estatal para promover la oferta formal de vivienda. “El MVCS parece ir por otro camino, también recorrido sin éxito anteriormente, de subastar terrenos ad-corpus y sin la lógica de integración urbana y social que está detrás de la figura del operador público de suelo”, alerta nuevamente Valdivia. Asimismo, CAPECO resaltó que no se conoce a ciencia cierta los fondos adicionales que se asignarán a programas de vivienda en lo que queda del año –para acercarse lo más posible a las metas de colocación de subsidios y créditos– y en el Presupuesto General de la República del próximo año.

Sobre las obras públicas y su problemática en el país, CAPECO considera que el gobierno nacional y el Congreso de la República parecen haber entregado a la ANIN un rol relevante a la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado – LCE. “Sin embargo, hay una contradicción muy clara en tal estrategia, porque uno de los aspectos más notorios de la Ley que crea la ANIN es exonerar a esta entidad de la aplicación de la normativa de contratación pública”, indica Guido Valdivia. Para CAPECO, es fundamental tener una visión integral para atender los desafíos que abarcan las grandes obras públicas. “Sin esta visión integral que analice y encuentre soluciones definitivas a cientos de proyectos paralizados, postergados o mal ejecutados, y sin una voluntad política para llegar a acuerdos, ningún esfuerzo aislado como la ANIN o la nueva LCE tendrá un verdadero impacto”, señala el gremio. 

Sobre el Mensaje de Fiestas Patrias y la invitación al diálogo, para el gremio se extrañó en el mensaje un sentido de prioridad a todas las obras y proyectos anunciados. “Es prácticamente imposible que todos los ofrecimientos puedan cumplirse en el corto plazo y existan recursos suficientes para financiarlos”, aseguró Valdivia. Para la Cámara, la propuesta más ambiciosa del mensaje fue el ofrecimiento de convocar actores sociales al Acuerdo Nacional para trabajar de manera conjunta un plan de reformas políticas. “Es por eso que la Cámara ve con moderado optimismo esta iniciativa de la presidenta. En reciente conversación sostenida con el presidente del Consejo de ministros, CAPECO solicitó su incorporación al Acuerdo Nacional y le hizo notar la pertinencia de incluir dentro de la agenda de reformas, un conjunto de medidas destinadas a la modernización de la actividad constructora. También señaló que era muy urgente abordar aspectos puntuales de la problemática sectorial. El premier Otárola ofreció constituir una Mesa de Trabajo público-privada de la que formarán parte, además de la PCM, el Ministerio de Economía y las carteras vinculadas a la construcción”, finalizó.