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CAPECO: construcción se estanca en el primer semestre y decrecería al cierre del año por crisis política

Publicado hace 4 meses

CAPECO: construcción se estanca en el primer semestre y decrecería al cierre del año por crisis política

Principales componentes del sector construcción entran a un escenario negativo por acelerado deterioro de la confianza en actores políticos y complicado entorno internacional.

El reciente Informe Económico de la Construcción – IEC #55 de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO sostiene que, culminado ya el primer semestre del 2022, el ritmo de crecimiento de la economía nacional se desacelera y el comportamiento de los principales componentes del sector construcción entra en escenario negativo. Esto se suma a la crisis institucional y el descrédito de la clase política que se agudizan a vísperas de cumplirse el primer año del gobierno presidencial.

Pese al crecimiento de 1.1% estimado por el gremio en el IEC anterior, el producto bruto de la construcción aumentó apenas 0.2% en mayo del 2022, convirtiéndose en la actividad productiva que menos creció de las catorce que evalúa el INEI, solo por encima del sector financiero (-6.1%), minero (-6.6%) y pesquero (-16.6%). En el primer semestre del 2022 la construcción se habría mantenido invariable (0.0%) respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en el periodo anual (julio 2021 - junio 2022) el crecimiento sería de solo 3.3%.

“Ante las perspectivas de recesión económica, la inversión privada se contraerá y la ejecución de los presupuestos públicos no crecerá este año, debido a la demora y la impericia del gobierno nacional en tomar medidas efectivas para eliminar las barreras administrativas, normativas y presupuestales que afectan su ejecución. Si esta situación no se corrige en plazos perentorios, también se verían afectadas la producción, la inversión y el empleo formal en los siguientes años”, enfatiza Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO.

El gremio constructor sostiene que la situación de la inversión privada no crecerá y muy probablemente disminuirá, mientras subsista la falta de confianza de los agentes económicos y de las familias. Asimismo, remarcan que cada vez es más urgente un amplio acuerdo político para superar la crisis institucional que padece el país y que debe incluir un programa de reactivación económica, un plan de seguridad alimentaria y la modificación radical del actual modelo de gestión del aparato estatal.

En cuanto a la inversión pública, para alcanzar la meta establecida por el BCRP del presente año (+2.1%), se necesita que la ejecución en el segundo semestre sea casi 90% mayor que la alcanzada entre enero y junio, teniendo en cuenta que este primer semestre se contrajo en 2.2%. “El modelo de contratación estatal de obras y el sistema de administración de infraestructuras públicas son obsoletos, ineficientes y permeables a la corrupción, lo venimos diciendo reiteradas veces. Estos problemas se agravan porque el gobierno central viene proponiendo modificaciones a la Ley de Contratación Pública, al modelo de concesiones, del mecanismo de Obras por Impuestos o del sistema de Tercerización Laboral que son inconducentes e ilegales y que solo generarían más informalidad, menos inversión y mayor desempleo”, comenta Valdivia.  

Respecto al precio de materiales y viviendas, el índice promedio de precios de materiales de construcción se incrementó en 27%, mostrando una sensible ralentización del aumento de precios en el mes de junio (0.2%). Desde abril de 2020 hasta mayo del 2022, el precio del acero subió 74.2%, el de los ladrillos de arcilla 50.2%, el de las losetas 26.1%, el del cemento 14.1%, en tanto que el costo de la mano de obra aumentó 4.9%. La alta inflación que se viene produciendo en los insumos de construcción sigue impactando en el precio de las viviendas (subirá 9.1% entre noviembre del 2021 y octubre del 2022, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas del IEC de junio).

El acceso a la vivienda social se verá afectado principalmente por la insuficiencia de recursos para subsidios. A ello podría sumarse un posible incremento de las tasas de interés, que debería ser compensado con un incremento temporal de los subsidios para evitar que crezca el monto de las cuotas mensuales que deben pagar las familias de ingresos medios y bajos. Además de asegurar los recursos que permitan al menos alcanzar las metas que se ha impuesto el Ministerio de Vivienda, CAPECO considera que es necesario promover la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Habitacional que permita, entre otros alcances, garantizar un presupuesto mínimo y sostenido del gobierno nacional para financiar subsidios habitacionales, incorporar a los gobiernos regionales en el otorgamiento de estos subsidios y disponer de un porcentaje de la inversión en saneamiento que efectúa el Ministerio de Vivienda para financiar la dotación de agua para proyectos que tengan una oferta significativa de vivienda social.

“Aun si se obtuvieran los recursos adicionales solicitados por el Poder Ejecutivo al Congreso para financiar subsidios habitacionales, al final del año solamente se podrían financiar 11,294 operaciones a través de Mivivienda, lo que significaría una disminución de 12.3% respecto a lo otorgado en el 2021. Se habría perdido la oportunidad de consolidar la tendencia positiva que se alcanzó el año pasado, en el que se desembolsó el segundo número más alto de créditos Mivivienda de toda la historia del Fondo”, señala el director ejecutivo de CAPECO.

En cuanto a la inversión minera, el gremio estima que para poder cumplir la meta del BCRP en el presente año (decrecimiento del 5%), la inversión en este sector durante el segundo semestre debería incrementarse 36.2% respecto al nivel alcanzado en los primeros seis meses del 2022. De cumplirse estas previsiones, la inversión en esta actividad al cierre del próximo año será 20.2% inferior a la que se dio en el año 2021 y 31% menor que la lograda en el 2019.

Finalmente, CAPECO remarca la necesidad de priorizar algunos aspectos claves de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y también en el modelo de gobernanza territorial de la capital de la República para asegurar una gestión eficiente de suelo urbano, condición básica para promover inversiones que permitan producir una oferta sostenible de vivienda, especialmente la del segmento de interés social, y equipamientos urbanos. 

Fuente: CAPECO

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